El crecimiento de los servicios de delivery vía plataformas creció de manera importante en el mundo desde hace un año a partir de la pandemia y el consecuente encierro que vivimos en las grandes ciudades. El repartidor pasó a ser esencial para que la gente recibiera mercancías en su casa de manera segura y los comercios siguieran vendiendo.
Pero esto llamo la atención también de los legisladores de varios países que, entusiastas, se pusieron a hacer propuestas para meter en el corsé de una ley lo que hasta ahora el mercado ha regulado bien: el uso de las apps por parte de los repartidores que, de acuerdo con buena parte de estas propuestas, deberían ser trabajadores asalariados.
Este tipo de propuestas pierde el fondo del asunto: la flexibilidad y oportunidad que la plataforma brida a las tres partes: que el comprador obtenga lo que necesita en el momento adecuado, permitiéndole encontrar la oferta de productos que los comercios ofrecen de manera virtual, y el mensajero que obtiene un ingreso a cambio de conectar a estas dos partes mediante el transporte de la mercancía.
En España fueron más allá y buscan aprobar una legislación, llamada Ley Rider, que obligará a las empresas a dar de alta a los repartidores como trabajadores en un plazo de tres meses. De esta manera queda establecido que no serán un servicio independiente que se conecta con las otras dos partes a través de la app, sino empleados de las plataformas: con horario, ingreso fijo y exclusividad con una sola plataforma. Legislaciones del siglo XIX para ocupaciones del siglo XXI.
Prueba de ello es una interesante encuesta publicada por Europapress entre los mensajeros de la plataforma Deliveroo:
El 80% de los mensajeros que se conectan con Deliveroo dice no sentirse representado por la Ley Rider propuesta por el Ministerio de Trabajo y han mostrado su “enorme preocupación” por su futuro y el “grave impacto” que la laboralización forzosa podría tener en el colectivo y su entorno,. La encuesta señala que el 91% de los repartidores asegura que su principal preocupación es el “grave impacto” que esta norma tendrá sobre sus ingresos, seguido por el hecho de que las plataformas estarían operativas en menos ciudades o zonas (54%) y que habría más competencia por el trabajo (38%). Por otra parte, el 79% de los ‘riders’ encuestados considera que dejará a muchos de ellos sin trabajo, mientras que les llevará a tener peores condiciones (44%). En este sentido, solo un 5% indica que esa Ley es necesaria y menos del 2% afirma que es una norma completa.
Ojalá que los legisladores mexicanos aprendan y no comentan en el mismo error que sus contrapartes en España
