El Senado de Chile aprobó el 15 de abril que el acceso a Internet es un derecho fundamental y un servicio público.
Actualmente Chile vive un proceso de redacción de una nueva Constitución.
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Desde 1980 los chilenos estaban regidos por una constitución antidemocrática, promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En 2005 se realizaron algunas reformas que eliminan los llamados «enclaves antidemocráticos».
En 2018 Michelle Bachelet envió al Congreso Nacional un proyecto para una Nueva Constitución.
Este proyecto e Bachelet fue detenido por el nuevo gobierno de Sebastián Piñera.
Sin embargo una serie de protestas en 2019 impulsaron un plebiscito para decidir si se redactaba una nueva constitución.
Como resultado del plebiscito de octubre de 2020, se determinó que se redactaría una nueva constitución con una Convención Constitucional (100% de ciudadanos electos), la primera con paridad de género del mundo, y cuyos miembros serán electos exclusivamente para este fin en abril de 2021.
En este marco de nuevas leyes para Chile, el senado incorporó al catálogo de derechos fundamentales del artículo 19 de la Constitución chilena, el derecho de acceso a Internet.
Esta iniciativa busca la promoción y protección del derecho del cual deben gozar todas las personas para acceder a la red.
La iniciativa pasará a la Cámara de Diputados y es seguro que se apruebe.
Chile también se evalúa una ley que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet.
De esta manera Chile se una a Finlandia, México y otros países que ya garantizan en su constitución el derecho al acceso a internet.
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