En safeshopping.news continuamos dándole seguimiento a la Ley Rider en España, la cual entrará en vigor el 12 de agosto y que, como usted ya sabe, tiene como principal objetivo obligar a las empresas a contratar a sus repartidores, quienes perderán la oportunidad de continuar con un esquema de horarios flexible, de recibir ingresos de múltiples plataformas y de gozar de un trabajo que se ajuste a sus propias necesidades. Recordemos que los propios repartidores, representados en asociaciones como la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos, se han manifestado en múltiples ocasiones contra esta ley; continúan sin ser escuchados.
Los efectos de esta ley se reflejan en el camino que diferentes plataformas de delivery han tomado, impactando en miles de empleos. Tomemos como ejemplo Deliveroo, empresa que ya anunció su salida de España, dejando fuera del juego a 3,800 repartidores y 9,000 restaurantes. Antes de la aprobación de la Ley Rider, Deliveroo levantó una encuesta entre sus repartidores con resultados contundentes: 88% de los repartidores declaró que la Ley Rider les impediría obtener suficientes ingresos para subsistir y mostraron su “enorme preocupación” por su futuro y el grave impacto que la laboralización forzosa tendría en el colectivo y su entorno. Asimismo, el 92% de los ‘riders‘ encuestados consideraron que en la actualidad operan como profesionales autónomos, siendo totalmente libres en sus decisiones de prestación de servicios y un 91% expresó su deseo de continuar con este modelo.
Ahora, la polémica girará alrededor de Glovo y Uber Eats; la primera presentó recientemente el que será su nuevo modelo para operar legalmente. La intención de la empresa española es contratar internamente a 2,000 ‘riders’ en las grandes ciudades donde tienen más clientes y, por ende, mayor margen de negocio. Por otro lado, se tiene pensado seguir operando con 8,000 repartidores autónomos en el resto de las ciudades bajo un nuevo modelo. En tanto, sabemos que Uber Eats ha estado probando, en una primera fase, contratos a través de empresas terceras.
Ambas empresas presentarán por completo su modelo de contratación hasta el 12 de agosto. Lo que es un hecho es que aún no se vislumbran los beneficios para los repartidores derivados de la Ley Rider; pues además de que APRA mantiene la esperanza en el recurso presentado por Vox y el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional “al considerar que no había razón alguna para crear esta ley por la vía urgente”, cientos de repartidores continúan expresando su temor a perder sus ingresos.
A estas preocupaciones se suma la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), la cual recientemente declaró que: “Lamentamos la aprobación, por la vía de urgencia y sin debate parlamentario, de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores”.
En safeshopping.news le estaremos informando de los principales hechos alrededor de la entrada en vigor de esta polémica ley, la cual ha hecho de todos menos beneficiar a los repartidores y que deberá ser un aprendizaje para todos aquellos países, incluyendo México, donde se pretenda regular esta industria.
