A veces no nos tenemos que ir tan lejos para encontrar casos de cómo las regulaciones mal hechas a plataformas y servicios en línea resultan en cero beneficios para miles de usuarios. La movilidad en la Ciudad de México, encabezada por Andrés Lajous, ha sido un claro ejemplo de ello.
Una de las tres principales promesas de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, era solucionar el problema de la movilidad. Y una de las opciones que se vislumbraban en 2019, que hoy se ve tan lejano, era el uso de los monopatines y bicicletas a las que se podía acceder por aplicación.
¿Recuerdan el caso? Un ir y venir entre la Secretaría de Movilidad (Semovi) y empresas como Mobike, en la que incluso activistas de movilidad sustentable declararon que la regulación de la Semovi encarecía la operación de estos servicios de movilidad compartida y hasta se declaró que las empresas participaron “voluntariamente a fuerza” en el proceso de subasta para poder competir por un permiso para operar.
Por supuesto que esto derivó en que empresas salieran del país, se perdieran empleos y se afectara la movilidad en la ciudad. Por ahí se llegó a filtrar un audio entre Lajous y René Ojeda, director de Mobike México, en el que Lajous aseguraba fervientemente que se llevaría a cabo el cobro de una contraprestación a todas las empresas de dicha industria y amenazó que Mobike se podría meter en problemas si seguía retuiteando reclamos contra él.
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Quizás Lajous podría aprender un poco de Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, quien recientemente, en temas regulatorios de la llamada Gig Economy, propuso un camino más flexible y viable para el sector.
Dejaremos este caso por aquí como uno de los tantos ejemplos en los que la sobre regulación de plataformas y apps en ciudades con ganas de crecer, no termina beneficiando a nadie; ni gobierno, ni usuarios, ni colaboradores y mucho menos a las propias empresas.