Delivery en México:
crónica de una regulación fallida
Seguramente ya leyó en diferentes espacios la manera en la que algunos “sindicatos charros” están buscando beneficiarse de la peor manera del delivery en México, haciéndose pasar por interlocutores de los miles de repartidores ante autoridades como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Luisa María Alcalde.
Hoy, ya estamos viendo luchas intestinas dentro del delivery; de un lado están los verdaderos representantes de este sector, como lo son Saúl Gómez y Paola Ángel de Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, quienes abogan por que los repas mantengan su flexibilidad y autonomía y por otro lado están los sindicatos charros: Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (SICONVENSE) y la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA).
Antes de continuar hablando sobre el sindicalismo charro y sus mañas para apropiarse del dinero de los repartidores a través de una regulación completamente desapegada a la realidad del sector y que sólo beneficiaría los intereses sindicales, vale la pena recordar ¿cómo fue que empezó todo este tema de la regulación del delivery y el caos que ha desatado?
Ley Rider, el inicio
El segundo error del gobierno fue pensar que el delivery, como parte de la economía colaborativa, podía ser regulado y de alguna manera, transformado a trabajos tradicionales, obligando a las empresas a contratar a los repartidores como empleados.
Aquí les enumeramos cómo terminó después de la aprobación e implementación de dicha ley en 2021:
– Más de 10 mil repartidores sin trabajo.
– Sueldos reducidos a través de empresas subcontratistas o Empresas de Trabajo Temporal.
– Más trabajo por menos paga.
– Anulación completa de la flexibilidad y autonomía.
– Jornadas de 40 horas a la semana con un sólo día de descanso y utilizando vehículos personales.
– Contratos laborales renovables cada quince días.
– Salida de Deliveroo de España, dejando fuera de la industria a 4 mil repartidores y 9 mil restaurantes.
Actualmente esta ley continúa generando polémica y miles de repartidores continúan intentando sobrevivir después de esta regulación que no tomó en cuenta todos los actores del ecosistema, empezando por los propios repartidores.
México, error tras error
En México la historia de la Ley Rider se ha querido replicar a como dé lugar, sin hacer caso de la experiencia internacional o de lo que los repartidores realmente quieren. Hablando sobre el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, se ha empeñado en obstaculizar el crecimiento de la economía colaborativa y del delivery. Uno de los golpes más fuertes fue el impuesto de 2% al comercio digital y al delivery, el cual acabaron pagando todos los actores del ecosistema (restaurantes, repartidores, usuarios y plataformas).
De vuelta a la STPS y al sindicalismo charro
No obstante, apenas este agosto, alrededor de 900 repartidores denunciaron que la Secretaría de Trabajo ha sostenido reuniones con diversos grupos sindicales, no representativos, con el fin de incluirlos en una regulación laboral de tipo gremial, sin tomarlos en cuenta en las negociaciones.
Organizaciones de repartidores como Ni Un Repartidor y Ni Una Repartidora Menos, encabezados por Saúl Gómez y Paola Ángel, denunciaron que estos grupos sindicales no contemplan representar a los más de medio millón de repartidores de aplicaciones que hay en el país y por el contrario, buscan conformar un sindicato con el fin de obtener dinero a costa del trabajo de quienes se consideran trabajadores independientes.
Los representantes de los denominados “repas” como se hacen llamar los repartidores de aplicaciones digitales, señalaron que existe contubernio entre autoridades de la Secretaría del Trabajo y los denominados “sindicatos charros”, para imponer un modelo laboral subordinado que podría ser aprobado en las próximas semanas.
Esto significa que, además de su origen fraudulento, la UNTA representa a transportistas, un gremio que no ve con buenos ojos a las aplicaciones y sus trabajadores independientes y que tiene intereses en que desaparezcan.
Además, repartidores denuncian que el liderazgo de la UNTA ya cobra contribuciones a sus agremiados y el 20% de las indemnizaciones que supuestamente ayudan a gestionar, aprovechándose de la vulnerabilidad de los repartidores.
Su apoyo a la reforma se entiende por el interés de poder sindicalizar forzosamente a decenas de miles de conductores y repartidores y cobrarles cuotas.
Esto mientras, se ha captado en videos al líder de la UNTA, David Esquivel conocido como El Santanero, refiriéndose despectivamente y minimizando a los repartidores muertos por accidentes automovilísticos.
Aún hay esperanza y Luis María Alcalde tendría que tomar en cuenta todo lo expuesto en este texto si de verdad quiere presumir un sector de delivery que realmente impulse ingresos con flexibilidad para las personas que la necesitan.
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